¿Cuáles son las causas y consecuencias de la falta de suelo en España?
Los datos hablan por sí mismos. Casi el 75% del suelo residencial disponible en España está sin urbanizar. Y esto explica, evidentemente, el problema que existe en nuestro país de acceso a la vivienda, en unas condiciones de dignidad y, a juicio de los compradores particulares, en unos precios razonables.
Los guarismos se deducen del estudio de ‘Atlas Real Estate’, que ha presentado el Informe Suelos 2026, un estudio que constata que España afronta un déficit estructural de suelo viable que condiciona la capacidad de resolver el déficit de vivienda: “los principales cuellos de botella ya no son solo urbanísticos, sino también relativos a la infraestructura”, apunta el documento.
Entrando en detalle, la consultora pone de manifiesto que los instrumentos de planeamiento recogen una capacidad teórica cercana a siete millones de viviendas, con una realidad operativa muy distinta: menos del 0,5% de ese potencial se encuentra actualmente en fase finalista y en edificación, mientras que más del 74% corresponde a suelo aún sin urbanizar, con plazos de desarrollo que superan habitualmente las dos décadas.
En este sentido, la presidenta de DEXTER, Yeidy Ramírez señala que es verdad que “cuando analizamos determinados proyectos de financiación, de promociones residenciales, observamos en Riesgos accesos inadecuado a la red eléctrica o a conexiones suficientes a infraestructuras de transporte de alta capacidad, y esto influye claramente en la aprobación de los préstamos a promotores y constructores”.
El referido informe también pone de manifiesto una clara divergencia territorial. Provincias como Madrid, Barcelona, Baleares, Girona, Vizkaya o Santa Cruz de Tenerife presentan una situación especialmente restrictiva: incluso movilizando la totalidad del suelo actualmente en gestión, no disponen de capacidad física suficiente para cubrir su déficit de vivienda acumulado y futuro. En otras provincias, aunque el volumen de suelo es teóricamente suficiente, la corrección del déficit exige escenarios de movilización que dependen de procesos urbanísticos largos y de inversiones relevantes en infraestructuras energéticas y de transporte.
